Proceso penal: Lesiones personales culposas y homicidio culposo

Cuando ocurre un accidente de tránsito que causa lesiones o la muerte de una persona, se inicia un proceso penal cuyo objetivo es determinar la responsabilidad del conductor o de quienes puedan estar involucrados. Este proceso penal se centra en las lesiones personales culposas o en el homicidio culposo, este último tipificado en el artículo 109 del Código Penal colombiano. Este artículo establece que:

“El que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

El objetivo de este proceso es atribuir responsabilidad penal al conductor del vehículo involucrado. Las partes en el proceso penal son:

• La víctima: Representada inicialmente por la fiscalía general de la Nación y, eventualmente, por un abogado de confianza que actúa como representante de víctimas.
• El victimario: Es el conductor o la persona que cometió la conducta culposa, y está representado por su abogado defensor.

En este contexto, la responsabilidad penal recae directamente sobre el conductor que causó el accidente. En caso de culpabilidad, el conductor puede enfrentar sanciones como prisión, multas y la pérdida del derecho a conducir.

Proceso civil de responsabilidad extracontractual

Paralelamente al proceso penal, también puede iniciarse un proceso civil de responsabilidad extracontractual. A diferencia del proceso penal, aquí la responsabilidad no solo recae sobre el conductor, sino que puede ser solidaria. Esto significa que, además del conductor, otras partes relacionadas con el vehículo involucrado, como los propietarios del vehículo, la empresa transportadora o la aseguradora, pueden ser demandadas.

Ejemplo práctico:

Supongamos que Kevin Palacio circula en su motocicleta y sufre un accidente cuando un autobús de la empresa FLOTAURBANA S.A. invade su carril, causándole lesiones. En este caso, Kevin puede iniciar un proceso civil no solo contra el conductor del autobús, sino también contra:

• El propietario del vehículo (que podría ser un tercero distinto del conductor).
• La empresa transportadora FLOTAURBANA S.A., como responsable solidaria.
• La aseguradora del vehículo, que podría estar obligada a cubrir parte de los daños.

La finalidad de esta acción es que Kevin reciba una indemnización por los daños materiales y perjuicios inmateriales ocasionados por el accidente. Esto puede incluir:

• Daño emergente: Gastos inmediatos derivados del accidente, como reparaciones del vehículo, tratamientos médicos, entre otros.
• Lucro cesante: El dinero que Kevin dejó de ganar debido al accidente, tanto en el presente como en el futuro, incluyendo los días de incapacidad y, en casos graves, la pérdida de capacidad laboral permanente.

En palabras sencillas, lucro cesante se refiere al ingreso que la víctima no pudo obtener debido a su imposibilidad de trabajar, mientras que el daño emergente cubre los gastos directos en los que tuvo que incurrir a raíz del accidente.

Pruebas en el proceso civil

En el proceso civil, es crucial respaldar la demanda con pruebas que demuestren los hechos y los daños sufridos. Algunas de las pruebas que suelen aportarse en estos casos incluyen:

• Informe de tránsito: El reporte elaborado por las autoridades de tránsito que documenta las circunstancias del accidente.
• Incapacidades médicas: Certificados emitidos por profesionales de la salud que acrediten los días de incapacidad temporal o permanente.
• Evaluación de pérdida de capacidad laboral: En casos graves, se puede incluir una valoración médica que determine si la víctima ha perdido alguna capacidad física o mental de forma permanente, lo cual influye en la indemnización por lucro cesante futuro.
• Peritaje automotriz: Es recomendable acompañar la demanda con un peritaje automotriz que certifique los daños materiales en el vehículo.
• Peritaje de daños y perjuicios: Para cuantificar con precisión los daños materiales e inmateriales, es útil un informe técnico que avale los gastos y las pérdidas sufridas.
• Peritaje de accidente de tránsito: Este informe técnico analiza la dinámica del accidente, determina la causa y señala a los posibles responsables, lo que es fundamental para establecer la responsabilidad civil en el caso.

Estas pruebas son esenciales para sustentar la reclamación y asegurar que se declare responsable civilmente a las personas o entidades involucradas en el accidente, pruebas que también se pueden aportar al proceso penal por medio de la fiscalía.

Diferencias clave entre los procesos penal y civil

La principal diferencia entre ambos procesos es que el proceso penal se enfoca exclusivamente en determinar la culpa del conductor desde el punto de vista de la ley penal y castigar su conducta, mientras que el proceso civil busca determinar la responsabilidad económica y el resarcimiento de los daños. En el ámbito civil, es posible involucrar a otros actores, como propietarios o aseguradoras, para que respondan solidariamente por los daños, algo que no sucede en el proceso penal, donde la responsabilidad recae exclusivamente en el conductor.

Ambos procesos pueden desarrollarse de manera independiente, aunque es común que el proceso penal preceda al civil. Sin embargo, el resultado de uno puede influir en el otro, especialmente en términos de pruebas y determinación de la responsabilidad.

Proceso de Reparación Directa

Además de los procesos penales y civiles, existe otro tipo de proceso en el ámbito del derecho administrativo: el proceso de reparación directa. Este proceso se activa cuando el accidente de tránsito ha sido causado por fallas en la infraestructura vial, como el mal estado de la vía, la presencia de huecos, alcantarillas destapadas, postes mal ubicados, o cualquier otra condición relacionada con el deterioro o negligencia en el mantenimiento de los espacios públicos. En estos casos, el responsable puede no ser un particular, sino una entidad pública en representación del Estado colombiano.

Responsabilidad del Estado en Accidentes de Tránsito

El proceso de reparación directa es una acción judicial que tiene como finalidad obtener una indemnización por los daños ocasionados debido a fallas imputables al Estado, ya sea por acción o por omisión en su deber de mantener en buen estado las vías y demás elementos de infraestructura pública. En estos casos, el demandante busca demostrar que el accidente de tránsito fue consecuencia directa del mal estado de la infraestructura y que la entidad estatal responsable no cumplió con sus obligaciones de garantizar la seguridad vial.

Ejemplo práctico:

Imaginemos que Kevin Palacio está conduciendo su motocicleta y sufre un accidente al caer en un hueco no señalizado en una vía pública. En este caso, Kevin podría interponer una demanda de reparación directa contra la entidad encargada del mantenimiento de la vía (por ejemplo, el municipio o la concesionaria que tiene a su cargo esa carretera). Si logra demostrar que el accidente se debió al mal estado de la vía y que la entidad no cumplió con sus obligaciones de mantenimiento o señalización, podrá recibir una compensación por los daños materiales a su vehículo y por las lesiones personales que sufrió.

Compensación en Procesos Administrativos

Al igual que en los procesos civiles, en el proceso de reparación directa se puede solicitar la compensación por:

• Daños materiales: Gastos relacionados con la reparación del vehículo o de otras propiedades afectadas.
• Daños inmateriales: Compensación por el sufrimiento físico y emocional causado por el accidente, además de posibles indemnizaciones por incapacidad temporal o permanente.
• Lucro cesante y daño emergente: Similar al proceso civil, el demandante puede solicitar compensación por los ingresos que dejó de percibir a causa del accidente y los gastos en que incurrió directamente como resultado de este.